Sobre la inusitada guerra contra el COVID-19 o la defensa al sistema.

El brote del nuevo Coronavirus o Covid-19, nos sorprendió a todos. Pero es que el sistema económico imperante, y los que lo sustentaban a través de normas, valores y creencias, sobre-estimaron su infalibilidad, a tal punto de convertirlo en un dogma. Por tanto, cualquier cosa que vaya contra el mismo, debe ser atacado, reprimido, condenado y exterminado. Así surge con el Covid-19, ¡esta maldita guerra!, prepotente, intolerante y arrogante, en la que el Gobierno nos ha metido.

El sistema socio-económico prevaleciente falló y no por Covid-19. Era evidentemente, insostenible, no estaba basado en los más mínimos estándares éticos y de derechos humanos, de ahí la extensa brecha de desigualdad que hace que Panamá ocupe los primeros lugares del mundo en esta materia. La institucionalidad del Estado que sostiene el sistema sigue marcado por el alto índice de percepción de corrupción. En medio de la desigualdad y la percepción de corrupción, se instituye un sistema educativo ineficiente, que no logra resultados significativos; una red de salud dispersa, desarticulada, inoperante, sin cobertura, sin abastecimientos, con infraestructuras eternamente ineficientes e inconclusas; un sistema de justicia en el que prevalece más la impunidad que otra cosa. Pero ir contra el sistema es asumir posición del otro lado de la línea.

El Gobierno, no solo hace parte del problema, pues de un lado está el que no tiene y del otro lado, el que lo tiene todo. De este último lado, está el gran capital, integrado por un grupo minúsculo de familias que concentran la riqueza en Panamá, articulados a los pocos sectores económicos dinámicos, entre los que podemos identificar al sector financiero, bancos y seguros, principalmente; logística y transporte; y, el comercio, con las cadenas de distribución al por mayor y menor. No es casual, que históricamente, en las grandes crisis que ha enfrentado el país, han sido los primeros y los más protegidos. Claro, son los que ponen y quitan Gobiernos, por tanto, dominan y controlan lo púbico bajo la lógica de un sistema que funcione para el lado donde se genera riqueza.

Y llegó Covid-19 y encontró el sistema tal y como era, no le dio chance de maquillarse. El resultado: la debacle global, no solo en Panamá, pues revela el fiasco del sistema a nivel mundial. El fallo generalizado del sistema al ser impactado por Covid-19, desnuda su principal debilidad: su diseño en función del enriquecimiento de las minorías.

Cualquier declaratoria de Guerra, por tanto, debería ser contra la forma en que está diseñado el sistema, que es su principal problema y no restringirlo a Covid-19. Si el sistema hubiera sido lo suficientemente resiliente, Covid-19 no hubiera impactado tan masivamente como lo ha hecho en la vida de personas inocentes que su único mal fue estar del otro lado de la línea, antes de la declaratoria de guerra que trajo como consecuencia Covid-19.

Pero esta declaratoria de guerra la hizo el Gobierno, no sabemos si por añoranzas de un pasado no muy reciente que quisiera recuperar o si en realidad están convencidos que hay que desatar una guerra. Ortega y Gasset, en su libro, La rebelión de las masas y otros ensayos (España, Madrid: Alianza Editorial, 2014), señala que la guerra no es un instinto, sino un invento, y la coyuntura actual lo confirma.

En este contexto, es importante considerar que la guerra es una extensión de la política a medios más violentos, para obligar al adversario a aceptar y cumplir la voluntad del vencedor. Es decir, agotados los esfuerzos de la Concertación Nacional y de los sendos diálogos, hay que recurrir al terror, a la fuerza. Entonces, hay que tener cuidado con esta declaratoria, sobre todo cuando el adversario no se ve.

¿Cuál sería el objetivo de esta declaración de guerra? ¿En un país sin cultura guerrerista? Los animales no manejan el sentido de guerra, pues no razonan y con ello no definen objetivos ni trofeos a alcanzar, solo reaccionan ante el miedo o el hambre. En estas condiciones, cabe interpretar que la tensión del Gobierno es una reacción al miedo, ¿pero a qué? ¿Al desafío de emprender un cambio contra la voluntad de quienes financiaron su campaña o con quienes tiene grandes compromisos?

Si el sistema ha fallado, es necesario un cambio. Pero si el Gobierno se resiste tendrá que acudir a la manipulación, a la victimización, a la objetivación intencionada de un adversario falso, para acabar con quien ose criticar, denunciar, protestar o movilizarse, en contra del sistema tal cual está diseñado, pues el objetivo real es defenderlo ya que está al descubierto y desnudado, pues ha llegado su hora de cambio, de centrarse en la gente y los recursos naturales, en una economía para la vida.

La guerra supone un objetivo, una estrategia y una táctica. La estrategia comprende todos los esfuerzos por concurrir a alcanzar los fines de la política. Declarada la guerra, definido el objetivo, la estrategia en Panamá, está asociada a la generación de un “shock”. Naomi Klein, en su libro “La doctrina del Shock” (Random House of Canada, 2007) señala que, ideado por el economista Milton Friedman y puesto en práctica por sus poderosos seguidores, el Shock consiste en “esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las “reformas” sean permanentes”.

El Gobierno, apoyado en INDESA, el FMI, BID, Banco Mundial, y otras Instituciones Financieras Internacionales manda claras señales de aprovechar Covid-19, para justificar una serie de medidas comprendidas en su agenda económica, que sin Covid-19 no hubiera podido aplicar.

El confinamiento, distanciamiento y aislamiento obligado de la población por largo periodo de tiempo, sin derecho a percibir ingresos ni acceso a recursos para satisfacer sus necesidades básicas, crea la sensación de una profunda crisis, potenciada por medios de comunicación de las familias con poder económico al servicio del Gobierno que refuerzan la necesidad de un salvamento ante la acorralada del enemigo que desde la línea opositora ya no dispara balas, sino prescripciones neoliberales intravenosas a la población que desesperada y confundida, ve cada vez más comprometida su calidad de vida, en tanto lo que se propone es la flexibilización, la desregulación y nuevas cuotas de sacrificio para reactivar el crecimiento económico y mantener la condición de país de renta alta.

Vivimos en una sociedad tutelada, vigilada, controlada, por los medios de comunicación, las redes sociales, que, a través de comunicados oficiales y conferencias de prensa diaria, similar a un parte de guerra diario, condicionan nuestros movimientos, censuran los denominados fake news y desacreditan o disminuyen las voces críticas. También estamos frente a un gobierno que intenta dar una impresión de frente único, pero este frente común, tiene fisuras, que se observan en las diferencias entre el ejecutivo y el legislativo. También se observan en las informaciones que salen a las redes sociales, que dan cuenta de los procesos administrativos que reflejan corrupción, sobre costos, tráfico de influencias y procesos de adquisiciones que no se guían por las reglas de transparencia.

Frente a la población, la táctica en esta guerra es el golpe, la represión, la amenaza permanente, la prepotencia, la pretensión del conocimiento absoluto, la alienación y desafío flagrante. Pero cuidado, no hay enemigo más potente que una población asustada que pierde el miedo, que cobra consciencia y que se moviliza. ¡Vaya guerra declarada, en la que nos ha metido el actual Gobierno! Ojalá el objetivo de la guerra hubiera sido la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la debilidad institucionalidad, la incapacidad y la prepotencia, quizá este objetivo hubiera unido a todo el país.