Patria o First Quantum Minerals, Venceremos!!!

La economía panameña en los últimos años se ha distinguido entre las de la región por su crecimiento sostenido. Este crecimiento ha descansado en la dinámica de sectores tradicionales como la logística, la construcción, los servicios financieros y el comercio. El sector primario integrado por la actividad agrícola, ganadera, silvicultura y minería, ha sido la cenicienta de la economía, pues su dinámica es desproporcionadamente menor al resto de los sectores. No obstante, las actividades extractivas de minerales siempre han despertado el interés de especuladores locales e inversionistas extranjeros, que han apostado al mismo por las expectativas del mercado y en los últimos años por la perspectiva que genera la transición energética - como opción global frente a las ambiciones nacionales asociadas a la gestión del Cambio Climático -, por su intensidad en el uso de cobre.

Efectivamente, a tan solo 23 años de la salida del último soldado americano del enclave canalero, resulta inaceptable un enclave minero de aproximadamente 13 mil hectáreas (equivalente al tamaño de la Ciudad de Panamá) que tiene como marco operativo un complejo y enjundioso entramado financiero de firmas multinacionales en un contrato en el que el Estado no está dispuesto a revelar quienes son los dueños reales de la concesión otorgada a First Quantum Minerals - uno de los seis principales productores de cobre del mundo -, pero todo huele a capital Estatal de Corea del Sur, China y Singapur, así como del gran capital americano representado por BlackRock y Vanguard Group, todo bajo el escudo corporativo de la firma Canadiense.

Es por ello que, en la actual coyuntura, concurren dos hechos, el primero, el tema de la Mina Panamá, ha superado otras demandas que aunque sigan siendo parte de la agenda reivindicativa del movimiento popular y social, no son las que lo movilizan. Y al mismo tiempo, el tema de la mina se ha constituido en el punto de convergencia y lucha a nivel nacional, frente al desgaste de la clase política tradicional (PRD, Panameñismo, CD, RM, Molirena, etc.) panameña, que hoy por hoy se ha revelado como vende patria y alejada de las aspiraciones e intereses de los ciudadanos.

En Panamá cuando se habla de Soberanía, es al unísono todos a la calle cada quien con su propia expresión de rechazo y radical intolerancia a cualquier forma de intervencionismo o venta de lo nacional a un Estado extranjero o a sus representantes. Y es que el Capital transnacional lleva ya un tiempo usurpando el suelo panameño y extrayendo de manera ilegal su recurso mineral. Esta ocupación es una lesión a la soberanía nacional en tanto participan de manera ilegal varios Estados extranjeros.

La Mina Cobre Panamá, concesionada por 40 años está ubicada a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá y a 20 kilómetros de la costa del Mar Caribe, en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Cuenta con 3,100 millones de toneladas de reservas probadas y probables; esta mina constituye así una de las mayores minas nuevas de cobre inauguradas a nivel mundial en el último decenio.

Además de la mina, la concesión comprende el desarrollo y operación de un Puerto exclusivo para sus operaciones y una Central Eléctrica generadora en base a carbón de dos unidades de 300 MW ubicada en Punta Rincón. La central eléctrica proporcionará energía para la mina, el centro de procesamiento y las instalaciones portuarias.

Cuando el tema de la mina se aborda desde una perspectiva del enclave, sale el movimiento social, pues como "todo incluido en una concesión minera" para la extracción de cobre, se llevan plata, oro y molibdeno, construyen un puerto, toman el control del espacio aéreo, expulsan y confinan a 10 comunidades campesinas, distorsionan y contaminan aguas arriba de dos cuencas hidrológicas, deforestan grandes zonas con cobertura boscosa, rompen la dinámica del corredor biológico mesoamericano (250 mil hectáreas de bosques), degradan los suelos y hasta generan energía eléctrica contaminante, inclusive.

Pese al alcance del contrato, el valor de la compensación se disocia de la valoración económica de los recursos extinguidos o contaminados (agua, suelo, aire, biodiversidad) y de los servicios ambientales (consumo de agua) aprovechados por la minera. El paquete de exenciones fiscales y descuentos otorgados a la minera en el marco del contrato, por condiciones de mercado (producción, demanda, precio) disminuye aún más los beneficios económicos del Estado Panameño e incrementan exorbitantemente las utilidades de la empresa concesionaria. Adicionalmente, el Estado reconoce a la minera, una deducción en las compensaciones que tendría que pagar, relacionadas con el agotamiento del recurso minero, es decir, en lugar de cobrar por el agotamiento de su recurso, el Estado termina compensando a la concesionaria por ello, como si el recurso fuera propiedad de esta.

En términos legales, el contrato minero original se promulgó con la ley 9 de 1997. No obstante, veinte años después, en el 2017 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en atención a su carácter leonino en detrimento del Estado Panameño, sin embargo este fallo entró en vigencia al publicarse en Gaceta Oficial en diciembre de 2021. El nuevo contrato promulgado el 20 de octubre pasado, con la sanción de la ley 406, por parte del Presidente Cortizo, retoma muchos aspectos del contrato original. Su efecto es retroactivo al 22 de diciembre de 2021, fecha en la que se publicó el fallo de inconstitucionalidad del contrato ley original. La publicación tardía (4 años después de emitido) del fallo de inconstitucionalidad del contrato, representó para el Estado Panameño, la pérdida de 750 millones de dólares, correspondiente a compensaciones retroactivas más allá del 2021, asociadas a las exportaciones de la minera del 2018 al 2021 inclusive.

En términos de la presencia institucional del Estado Panameño en este enclave, se limitará a solo 6 funcionarios públicos para labores de verificación, supervisión y cumplimiento en temas ambientales, laborales y cualquier otro relacionado con la operación minera, sin embargo estas acciones deben ser coordinadas previamente con la minera.

Finalmente, refiero una parte del análisis de un especialista local en temas ambientales, sobre el contrato, …”El contrato carece de controles contra la propiedad de Estados extranjeros de los recursos panameños. Ese acuerdo necesita tomar más en serio al cambio climático y a los efectos de largo plazo de esa explotación minera y su eventual plan de cierre. Todo esto y mucho más se quedó por fuera de esta propuesta y deja en claro que la minería solo es rentable cuando el Estado, el ambiente y las comunidades hacen grandes sacrificios. Panamá no es un país apto para la minería metálica a cielo abierto.”

Es por ello que a lo largo y ancho del país, las personas, las organizaciones sociales, gremios, sindicatos, algunas autoridades locales, iglesias y demás expresiones organizadas de la sociedad han salido de forma espontánea a exigir a una sola voz, la derogación de la ley 406. No exigen, moratoria minera, no revisión del contrato, no diálogo minero. El movimiento, ha planteado con claridad la derogación del contrato minero como única condición para levantar la paralización del país.

Los grandes ausentes, han sido los representantes de los partidos políticos tradicionales - autoridades vigentes y candidatos a elección popular -, que con sus prácticas poco transparentes, manipuladoras y corruptas han arrastrado a la sociedad a la situación de crisis actual. El largo proceso de negociación del contrato se ha caracterizado por un estricto secretismo, por un lobby intenso de la embajadora norteamericana en favor de los grandes intereses gringos (recuerden Black Rock y Vanguard Group, los mismos que destruyen Ucrania y ya tienen los contratos para su reconstrucción), por la complicidad de los gremios empresariales, por el silencio mediático y lo último, la contratación de hordas paramilitares para sembrar miedo y justificar la represión de quienes protestan.

Los grandes animadores, los sectores populares organizados (trabajadores, educadores, gremios, movimientos comunitarios y pueblos originarios) a nivel nacional, que ya venían acumulando fuerza y concertando agenda a partir de movilizaciones en meses recientes en las que también paralizaron el país demandando controles de precios en medicamentos, alimentos y combustible, alto a la corrupción y la reactivación del diálogo por la CSS.

Los actores emergentes, los jóvenes que han salido de la virtualidad de las redes sociales, para tomarse las calles, plazas y barrios con expresiones reivindicativas propias, con formas innovadoras de protestas (música, baile, cultura, pero también religiosas) descentralizadas y dispersas a nivel nacional, pero con una sola exigencia, la derogatoria del contrato ley 406 de la concesión minera.

La intervencionista de siempre, la embajadora gringa, Mari Carmen Aponte, cómplice de todo este mal oliente contrato, su lobby para nada tiene que ver con los beneficios para el territorio nacional y su gente, si no con las ganancias esperadas del conglomerado de empresas gringas, cuyas acciones representan el 26.6% de las acciones de First Quantum Mineral con un valor de US$4,259 millones. Entre las empresas gringas destacan Vanguard Group y Black Rock, ambas vinculadas a la destrucción y reconstrucción de Ucrania, pero también accionistas de First Quantum Minerals. Su doble moral, le genera cierta laguna mental y política frente a los actos que ella misma ha venido criticando como lo son la corrupción y el mal gobierno. No es de extrañar que haya puesto al Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos en alerta, frente a lo que pasa en Panamá, pues cuando el pueblo se levanta a defender sus derechos por encima de cualquier interés extranjero, el Gobierno gringo podría tomar ventaja de la posibilidad que le dejó el General Torrijos y sus asesores del PRD, en el Tratado de Neutralidad, que es parte de los tratados Torrijos-Carter. Este tratado habilita al Gobierno Yanqui a defender el Canal de cualquier amenaza “sin el consentimiento del soberano territorial”, y es que para los gringos cuando un pueblo se levanta se configura la amenaza de una eventual imposición de un régimen comunista, socialista, chavista, etc., pues no entienden de identidad y derechos a un territorio libre y soberano.

Es importante señalar que la actual coyuntura no representa ni es una primavera Panameña, es una sola puesta en común, históricamente anhelada y por la que se ha pagado mucha sangre (gesta del 9 de enero de 1964, invasión gringa del 20 de diciembre de 1989, etc.): la Soberanía y el Derecho de Autodeterminación Nacional, pues Panamá vale más sin minería!

Los Terkos creemos que las fiestas patrias que inician el 2 de noviembre próximo, serán una verdadera y muy distinta celebración del sentido de lo nacional, como hace mucho tiempo no se daba. La consigna nacional, en estos días deberá ser Patria o First Quantum Minerals, y si esta última equivale a muerte, por la Vida y los panameños, Venceremos!!!