El plan Panamá Solidario en tiempos del COVID-19, no es un plan

Desde el 13 de marzo del 2020, por Resolución de Gabinete No. 11, se promulgó el Estado de Emergencia en Panamá, se estableció un monto de 50 millones de dólares para contrataciones especiales que surgieran a raíz de la crisis sanitaria. Este monto quedó bajo la administración del Ministerio de la Presidencia, a utilizarse en período máximo de 180 días calendarios (6 meses). También se autorizó a estamentos de Seguridad (Ministerio) y de Gobierno (por el SINAPROC) a recibir donaciones dirigidas a atender situaciones vinculadas al COVID19.

Otras medidas fueron adoptadas por la Asamblea de Diputados, a sugerencia del Ejecutivo. La Ley 139 del 2 de abril autorizó la emisión de varias disposiciones para enfrentar la crisis entre las que sobresalen: la autorización para aumentar el porcentaje del déficit público con relación al PIB, el uso de recursos del Fondo de Ahorro Panamá, la autorización para compras de emergencia, de flexibilización tributaria, la suspensión de contratos de trabajo.

A partir del momento en que se reconoció que el COVID 19 había llegado, el Gobierno produjo un listado de posibles acciones que se estarían tomando como resultado de la crisis sanitaria vigente. Muchas de estas medidas, hasta el momento, se han desvanecido en el tiempo (la denominada “ayuda express” del plan solidario, la ley de moratoria) y la población cada vez más reconoce que se ha favorecido a sectores y grupos cercanos a los centros de toma de decisiones. En los medios de comunicación y redes sociales surgen continuas denuncias sobre el mal uso de recursos del Estado mientras la población más afectada sigue esperando que les ayuden a mitigar los efectos de esta situación.

Entre todo lo que se ha publicado, y ante el avance de la pandemia y medidas de protección sanitaria a través de cuarentena y distanciamiento social, surgió un denominado Plan Panamá Solidario, comunicado al país el 18 de marzo del 2020 y recogido en todos los medios de comunicación, que sería iniciado durante los últimos días del mes de marzo.

Han transcurrido cuarenta y tres días (13 de marzo a 25 de abril) y no se ha tenido información alguna que detalle el uso de la totalidad o, por lo menos, de una parte, de estos 50 millones de dólares, ni de las donaciones recibidas por instituciones del Estado (las de Gobierno, las de seguridad o de cualquier otra índole). Pero abunda la publicidad sobre el Plan Solidario y otras acciones gubernamentales que, con seguridad, se deben estar cargando a los fondos públicos.

La página web creada para el supuesto Plan Panamá Solidario no es más que un portal de carácter comunicativo y declarativo; carece de contenido sustancial. No existe un documento que lo sustente. Existe una descripción de actividades: Bono Solidario, Bolsas de Comida, Donaciones, Voluntariado. Las dos primeras son los productos ofrecidos para paliar la crisis económica del COVID-19 y las otras representan mecanismos de participación (a través de donaciones monetarias y a través del voluntariado para preparar bolsas y distribuir bolsas y bonos). Dentro de la página, no se encuentra información sobre la cobertura de distribución ni la frecuencia de entrega.

La llegada del COVID-19, dejó en evidencia la desigualdad en la educación, de la salud y la escandalosa disparidad del producto interno bruto del país. Las instituciones públicas, de educación, trabajo y salud han sido utilizadas históricamente como plataformas de control, vigilancia social, y de clientelismo político en tiempo de elecciones. Sus funciones técnicas distan mucho de los objetivos para los cuales fueron creados.

El plan introduce frases, que no describe ni fundamenta, como, el Panamá de los Barrios, el Panamá, Rural, y el Panamá de las Comarcas. ¿cuántas personas comprenden cada una, donde están ubicados, cuáles son las condiciones sociales, y cuáles son las características culturales de cada una y porque tenemos que segmentar. ¡Las respuestas implementadas a través del denominado Plan Panamá Solidario, son activismo político, respuesta institucional, caridad, o improvisación? Las desigualdades sociales, geográficas, económicas, culturales permiten que realmente se desconozca el impacto real de la crisis económica en los distintos sectores del país.

Cabe preguntarse si el denominado Plan Panamá Solidario, tan “cacareado” en los medios por el equipo de gobierno más cercano al presidente: ¿es un Plan? ¿Dónde se puede consultar? ¿Existe? ¿Cuáles son sus objetivos, sus componentes, la distribución de los recursos por componente, las dependencias que intervienen y sus responsabilidades concretas, cuánto cuesta cada componente, en detalle por pequeño que sea, incluyendo los proveedores? ¿En qué criterios se fundamentan sus componentes? ¿Cómo se determinaron los contenidos de las bolsas de alimentos? ¿Cómo se explican los valores de los contenidos de las bolsas de alimentos? ¿En qué criterios se fundamenta el monto de los bonos? ¿Qué criterios se han utilizado para la selección de beneficiarios (algunos denominados informales no están registrados, extranjeros incluidos)? ¿Criterios para la distribución de los componentes (bolsas y/o bonos) que no sean exclusivamente los de distancia con que se pretenden justificar algunas acciones?

En medio de la cuarentena necesaria y, a nombre de ella, se cometen abusos. Los voceros del Gobierno, con un manejo político, alejado de lo humano que debe prevalecer ante las circunstancias que afectan a gran parte de la población, parece que pretenden mantenerla aletargada (“mareada”) y confundida, en un estado de permanente incertidumbre. Se dijo tanto acerca de este plan de ayuda y, aún, la población sigue padeciendo.

¿En qué quedó la sugerencia “millenial” de los asesores del Ejecutivo?: “… a partir de abril, se contará con una herramienta innovadora que permitirá a los panameños usar su cédula (tarjetas de residente para extranjeros) como una tarjeta de débito con un monto máximo por persona”. Según la moderna idea, los establecimientos comerciales tendrían la posibilidad de utilizar una aplicación por teléfonos “inteligentes” que les permitirían recibir los fondos que el Gobierno habría destinado para tal fin. ¿Se habrá pagado por esta plataforma digital que no existe, aún?

¡Tantas preguntas sin responder!!!

¿Por qué se tardan tanto en distribuir entre los grupos y sectores de mayor necesidad demostrada? ¿Por qué excluir a tantos por tanto tiempo? ¿por qué dar recursos de manera indiscriminada a los allegados políticos? ¿Por qué duplican esfuerzos que encarecen las acciones a tomar?

Todo lo actuado, proviene de recursos del Estado, son públicos, de todos los que viven en el país y aportan con sus pagos, a entidades públicas, de cualquier tipo, por lo que deben ser también públicamente divulgados. La población está en su derecho de recibir información acerca del uso de los recursos públicos ya sea que provengan de impuestos, tasas, derechos, pagos de servicios públicos, donaciones, préstamos o deuda pública.

Se impone la transparencia del uso de los recursos públicos (incluyendo las donaciones) y el apoyo inmediato, no caridad, a la población que más lo requiere, en montos cónsonos con los derechos humanos donde prevalezca el respeto a la dignidad de las personas.